España se quedará sin taxis el 1 de agosto

El paro, convocado por tres sindicatos, se iniciará a las 06:00 horas del 1 de agosto y durará un día, una jornada en la que los taxistas se manifestarán en toda España, excepto en Madrid, donde la manifestación se realizará ya el día 27 de julio.

Los sindicatos de taxistas de España convocaron hoy a una huelga para el 1 de agosto en protesta contra un proyecto del gobierno de Mariano Rajoy que creen que puede suponer "la desaparición del sector".

El paro, convocado por tres sindicatos, se iniciará a las 06:00 horas del 1 de agosto y durará un día, una jornada en la que los taxistas se manifestarán en toda España, excepto en Madrid, donde la manifestación se realizará ya el día 27 de julio.

"Esto no es una acción de acoso al gobierno, sino un toque de atención respecto a un error en la redacción del proyecto de ley", declaró el presidente de la Confederación del Taxi de España, José Artemio Ardura, en una rueda de prensa en Madrid.

El gremio se queja de un anteproyecto para modificar la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. Según argumentan, ese cambio busca liberalizar el sector de los Vehículos de Arrendamiento con Conductor (VTC), que ahora permite que exista uno de esos vehículos por cada 30 taxis.

Los VTC se usan habitualmente para trasladar políticos o empresarios, no van identificados, carecen de taxímetro y número de licencia. Eliminar los límites de uno por cada 30 taxis supondría "una desaparición para el sector del taxi", dijo Ardura, ya que se podría sustituir a los taxis de manera "desregularizada y totalmente libre".

Los taxistas estiman que la ley provocaría la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo.

Según datos proporcionados por el mismo Ardura, en España existen 66.000 licencias de taxi y 2.500 vehículos de arrendamiento con conductor.

"Si el gobierno se empecinara, que no quepa la menor duda de que acabaremos cortando las fronteras", advirtió el presidente de la Confederación del Taxi.

Recorte del 15% en la ayuda al cuidador familiar

La reforma de la ley de dependencia primará la atención profesional para tratar de generar empleo 

11 Julio-2012

Madrid- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Gobierno se han propuesto matar dos pájaros de un tiro: revolucionar de pies a cabeza la ley de dependencia y crear empleo al mismo tiempo, uno de los objetivos para el que fue creada hace cinco años, pero que no ha cumplido. Ahora, la titular de Sanidad, Ana Mato, se ha propuesto mejorar la atención a los dependientes y, al mismo tiempo, hacer viable económicamente una ley «insostenible» y un sistema «colapsado», que ha desbordado todas las previsiones. Para ello presentó ayer a las comunidades autónomas un borrador con una batería de medidas que conformarán la futura y casi nueva ley.

La más destacada es la reducción en un 15% como mínimo –el recorte final lo decidirá cada región– de las ayudas máximas que reciben en la actualidad los cuidadores familiares con dependientes a su cargo. El Ministerio busca así priorizar los servicios profesionales –residencias, centros de día y de noche, cuidadores profesionales a domicilio, etc.– mediante un nuevo reparto de los fondos que premie a las comunidades que apuesten por la atención profesionalizada. El incentivo consistirá en un aumento progresivo a lo largo de los próximos cinco años de la financiación que el Estado concede a las comunidades por la prestación de servicios profesionales, en detrimento de las ayudas económicas directas. Hasta ahora, el sistema era lineal, es decir, se primaba el número de dependientes atendidos, independientemente del servicio que recibiesen. Esta circunstancia es una de las que causó que se disparasen las ayudas directas a familiares, mucho más baratas para las regiones que, por ejemplo, una plaza en una residencia. De hecho, la norma impulsada por el anterior Ejecutivo socialista convirtió la que debía haber sido la excepción en regla general.

Acabar con la lista de espera
Respecto al aspecto financiero de la ley, Mato apuntó a que se dará prioridad a la atención a los grandes dependientes como uno de los pilares para sacar del colapso a la norma, y tratar así de atajar la lista de espera de más de 300.000 personas que existe en la actualidad. En este sentido, son los dependientes moderados o leves los más afectados, pues ven retrasada su incorporación al sistema hasta julio de 2015, cuando en principio tenían que haber entrado en la ley en enero de 2012 y de 2013, en función de su nivel de dependencia. De hecho, la simplificación del sistema de clasificación hará que todos los leves se incorporen a la vez. Así, de los seis niveles que contemplaba la norma hasta ahora, se paso a sólo tres grados.
En línea con la tendencia mostrada por el Ejecutivo en otros ámbitos, por ejemplo en la prestación farmacéutica, el proyecto de real decreto que prepara Sanidad determinará que «aporte más el que más tiene, y menos o nada el que menos tenga». Por ello, se fijarán nuevos criterios de aportación del usuario por los servicios recibidos en los que se tendrá en cuenta no sólo la renta, sino también el patrimonio. Aunque en un principio se había especulado con rebajar el umbral mínimo, este copago no afectará a las rentas más bajas, pues quienes estén por debajo del IPREM –6.390 euros anuales– no pagarán nada. De esta forma el Ministerio pretende garantizar las prestaciones «a las personas que más lo necesitan», teniendo en cuenta la complicada situación económica que atraviesa España. No obstante, los dependientes con discapacidad entrarán en el copago, mientras que hasta ahora estaban exentos de esta aportación.

Con la actual ley, las comunidades debían abonar con carácter retroactivo las prestaciones económicas reconocidas pero aún pendientes, a excepción de los seis primeros meses tras el reconocimiento del grado de dependencia. Con la reforma, se amplía este periodo hasta los dos años, de forma que una persona podrá estar en lista de espera 24 meses sin que luego se le tenga que pagar retroactivamente por ese tiempo. Asimismo, se fijarán unos criterios mínimos, tanto en las solicitudes, como en el reconocimiento del grado de dependencia, para acabar con las desigualdades actuales entre CC AA. «Ante iguales circunstancias, iguales prestaciones», dijo Mato. La ministra avanzó también que se revisará el sistema de afiliación a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. De momento, quienes ya estén dados de alta seguirán como hasta ahora, mientras que los cuidadores que se incorporen al sistema estarán sometidos a una especie de «régimen transitorio».

En primera persona
«La ansiedad te acaba llevando a la depresión»
Joaquín Torrejón/Hijo cuidador
Primero fue su padre, aunque entonces su madre podía cuidarle. Sin embargo, el alzhéimer también se cebó en ella. Así, Joaquín acabó cuidando a ambos. «El gran shock es que te cuesta mucho ver que estás ante una enfermedad, interiorizar que un ser querido la sufre...», comenta. Joaquín pasó por lo que la mayoría de cuidadores. «Sufren un estado de ansiedad que les acaba llevando a la depresión», pues «ves como se deteriora todo lo que has querido». Para ayudarlos, fundó en Parla (Madrid) la asociación Cumade, que brinda apoyo psicológico a estos familiares-cuidadores. Una de ellos es Julia López, que, con 76 años, y problemas de salud, tiene que cuidar a su madre, de 103 años.