La crisis dispara las peticiones de salario social, del que ya dependen 7.000 familias

El Gobierno regional calcula que la prestación costará hasta diciembre unos 27 millones de euros.«Es una prioridad; otras cosas pueden esperar», afirma Noemí Martín sobre el aumento del coste de la paga.«Es una prioridad frente a otras cuestiones que pueden esperar, si es necesario». Noemí Martín, consejera de Bienestar Social, se mostraba así de contundente durante la presentación de los datos del salario social básico del primer semestre de este año, cuyas peticiones se han disparado por culpa de la crisis, y que cobran unas 7.000 familias asturianas. Así, en los primeros seis meses de 2009, la Consejería ha recibido un total de 1.694 solicitudes, 1.200 de ellas concentradas entre los meses de marzo y junio. La demanda de este servicio ha crecido desde el año pasado un 62,7 por ciento. El pago de esta ayuda ya ha supuesto para las arcas regionales un desembolso de 14,3 millones de euros (un 27,3 por ciento más que en 2008). El Gobierno calcula que a finales de año el montante total del salario social alcanzará los 27 millones de euros.Ante este aumento de las peticiones, Martín se comprometió a que «nadie que tenga derecho a cobrarlo se quedará sin él» haya o no haya dotación económica prevista, dado que la ley del Salario Social Básico no contempla límite presupuestario alguno, como sí que presentan ayudas de otro tipo.Y es que la crisis económica ha hecho crecer en más de 2.000 el número de personas a las que el salario social ayuda a llegar a fin de mes. El salario social básico ha permitido a 6.911 «unidades de convivencia» asturianas obtener unos ingresos mínimos -«un mínimo vital», según Martín- a lo largo del primer semestre de este año. De ellas, hasta el 31 de junio, seguían recibiéndolo 6.376 familias. Y 535 familias han dejado de cobrarlo al mejorar su situación social y económica. Además, en el 60,34 por ciento de los casos esta paga sirve para complementar pensiones de otro tipo.El número de personas que se benefician de esta ayuda del Principado ha pasado de 12.874 personas en los seis primeros meses de 2008 a 14.928 en lo que va de año (el 16 por ciento más). «Si algo hemos conseguido en estos primeros meses de gestión, es dar prioridad al gasto público dirigido a proteger a los sectores más débiles, los que peor lo están pasando con la crisis», explicaba Noemí Martín en referencia a los seis meses que ha cumplido la reedición del pacto de Gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE.Mientras, según el estudio realizado por la Consejería de Bienestar Social sobre esta paga, la crisis económica «no ha tenido gran influencia sobre el perfil de los beneficiarios del salario básico», apuntaba Pedro Rodríguez, director general de Prestaciones y Servicios Sociales del Principado. Y es que buena parte de quien recibe esta ayuda son mujeres (el 63,4 por ciento) con hijos a su cargo. La edad media del titular de la prestación ronda los 50 años. Esto indica, según Noemí Martín, que «en este país todavía hay jubiladas con pensiones míseras». La principal novedad es «un ligero incremento», según Pedro Rodríguez, de las peticiones del salario social entre personas de 25 a 44 años (del 38,67 por ciento se pasa al 39,79 por ciento).Por encima de la media, y respecto a la distribución territorial, se encuentran Avilés, Nalón y Oriente. Por primera vez entra en este grupo la comarca del Caudal. Por debajo de la media están las comarcas de Gijón, Oviedo, Suroccidente y Noroccidente.Al tiempo, el incremento de la demanda de esta paga ha llevado a los responsables de la Consejería a comprometerse a reducir el tiempo medio que cada expediente tarda en estudiarse. «Hemos puesto fin al atasco que había, pero somos conscientes de que una necesidad prioritaria como ésta necesita más agilidad», declaraba Martín. La Consejería asegura que desde que la gestión del salario social pasó a manos de IU tras el pacto se ha pasado de tramitar cada expediente en ocho meses «a hacerlo en cuatro», con el compromiso de reducirlo «a tres o menos de tres, tal como recoge la ley, a lo largo de este semestre», según Martín.Asturias es, junto Navarra y el País Vasco, la única comunidad que cuenta con una ayuda pública de estas características. De esta forma, Martín espera que el diálogo social que el Gobierno central y sindicatos están manteniendo con la patronal «sirva para aumentar la protección social ante la crisis».